Paraguay |
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Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad
LGBTIQ+
El matrimonio homosexual no se encuentra permitido por las leyes ni por la jurisprudencia y aún no alcanza una alta adhesión social. De hecho, la declaración de la Corte IDH respecto de la necesidad de que los Estados garanticen que todas las personas, incluidas las homosexuales, tengan acceso a las instituciones familiares originó que las autoridades paraguayas y organizaciones de la sociedad civil de carácter religioso una audiencia pública donde se declaró que la opinión de la Corte IDH es atentatoria de la familia y que se constituye como un totalitarismo.
MUJERES
En Paraguay es muy marcada la brecha salarial de género: La inserción de las mujeres al mundo laboral se da en condiciones de desigualdad, con tasas de actividad económica, o de vinculación efectiva o potencial al mercado laboral, marcadamente dispar entre hombres (87,1%) y mujeres (62,0%), alcanzando 25,1 puntos porcentuales menos para las mujeres. En situación de pobreza la proporción de actividad de las mujeres se reduce considerablemente (50,9%), mientras que en los hombres se mantiene prácticamente igual (86%). Los ingresos mensuales de las mujeres equivalen sólo al 71,0% al de los hombres, trabajando la mayoría de las mujeres en el sector informal, con condiciones de trabajo altamente vulnerables y sin acceso a la seguridad social. 
POBLACIÓN INDÍGENA
En el país existe una desprotección generalizada de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, generando conflictos y violaciones de los derechos humanos. De hecho, apuntó que el “Gobierno del Paraguay debe considerar la actual situación como una emergencia”. De un total de 650 comunidades indígenas en el país, 325 presentan conflictos relacionados con la tenencia de la tierra (Instituto Nacional del Indígena, s.f.).
PERSONAS DISCAPACITADAS
En este país está vigente un mecanismo de inhabilitación legal de las personas con discapacidad que obstaculiza el ejercicio efectivo de sus derechos, y existe un vacío de datos e información sobre las personas con discapacidad que han sido declaradas inhábiles judicialmente, en tanto dicha declaratoria de inhabilidad representa un obstáculo para el respeto y el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, incluyendo, aunque no únicamente, el ámbito patrimonial.
NIÑEZ
El tiempo aproximado de duración va desde 180 días (tiempo más breve con 17,7%) hasta 1455 días (tiempo más extenso con 0,7%), anotando así un promedio de 447,2 días para los casos en que pudo conocerse la fecha de inicio del proceso (USAID y CEAMSO, 2018). Este resultado revela la falta de celeridad que existe en los juicios relativos a la asistencia alimenticia, necesitando para ello en promedio más de un año para obtener una sentencia y sin contar los eventuales problemas que se pueden suscitar para ejecutar lo que se resolvió.