El presente estudio se centra en la identificación de las barreras de acceso a la justicia que impiden a la comunidad de San Miguel reclamar sus derechos como usuarios de los servicio de agua tercerizados. Desde el año 2001, residentes del barrio San Miguel se han movilizado contra lo que consideran un abuso tarifario en el cobro del agua, ya que el precio sube de acuerdo al alza del dólar americano y no tendría relación con los contratos individuales.
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