El Salvador |
   |
Conflictividad Civil
En 2009 se aprobó en El Salvador la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles (Decreto 23), que establece un procedimiento expedito para desalojar a cualquier persona que no posea título de propiedad. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ley “violenta el derecho de audiencia, defensa, presunción de inocencia y la protección jurisdiccional del derecho a la propiedad y posesión” (PDDH et al, 2014, p.33).
Señalan que la ley fue emitida en un momento en que gran parte de la población se encuentra en peligro de desalojo. La incertidumbre de las personas que carecen títulos de propiedad se incrementó con la implementación del programa Casa Segura en el 2014, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana. En ese contexto, agentes de la Policía Nacional Civil visitan cada casa de las comunidades, y los habitantes deben probar que son propietarios del inmueble por medio de un título de propiedad.
En El Salvador destaca la protección respecto a la publicidad otorgada a la juventud, infancia, grupos minoritarios y a las mujeres (Ley Nº776, 2005, art. 31.a), al establecer que será ilícita aquella publicidad que presente a las mujeres de forma vejatoria, utilizando particular y directamente su cuerpo o parte de este como un mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, o bien asociar su imagen a comportamientos estereotipados, una iniciativa relevante en un país con una tasa de feminicidios 16 mujeres cada 100.000 habitantes y en donde, según una encuesta estatal un 67% de las mujeres declara haber sido víctima de la violencia machista alguna vez en su vida. 
Se da un problema respecto de la cobranza extrajudicial, puesto que los gestores de cobros utilizan técnicas ilegítimas como las llamadas telefónicas excesivas, visitas al lugar de trabajo hasta que despiden a la persona, exponer públicamente la morosidad de la persona deudora, amenazas de embargo de sus bienes muebles, hasta hechos constitutivos de delito, como la coacción física. 
Este país contempla una prohibición absoluta del aborto, incluso en casos de violación, embarazo infantil o adolescente o cuando la vida de la mujer esté en riesgo. A causa de ésto, al menos 129 mujeres fueron procesadas bajo las estrictas leyes antiaborto de El Salvador entre 2000 y 2011, según la Agrupación Ciudadana por la Descriminalización del Aborto. El Centro de Derechos Reproductivos dice que al menos 13 mujeres siguen en prisión, condenadas por homicidio agravado, cuya pena asciende hasta los 50 años de cárcel. 
Respecto a la adopción, El Salvador contempla las modalidades de adopción conjunta e individual. La adopción conjunta solamente puede ser solicitada por cónyuges no separados y por parejas conformadas por un hombre y una mujer así nacidos y declarados judicialmente convivientes: mientras que la adopción individual puede ser solicitada por cualquier persona con capacidad para adoptar, con independencia de su estado familiar. 
Los desastres producidos por el cambio climático han dejado a la población de San Salvador en una situación de vulnerabilidad, por lo que se hizo necesaria la creación de planes invernales y la generación de observatorios municipales de cambio climático, enfocados en prevenir los riesgos derivados de los desastres, a cargo de las diferentes alcaldías.