Argentina

Un 27,7% del total de la población con necesidades jurídicas corresponde a necesidades en vivienda, específicamente, respecto del conflicto de acceso a un préstamo para su vivienda, permisos de edificación, títulos de propiedad, operación de compra-venta, intentos de desalojos, alquiler de su vivienda, peleas de consorcio, perder la vivienda, vandalismo o daños en su vivienda. (F: Subsecretaría de Acceso a la Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016)

Existe un 22.08% del total de las necesidades jurídicas corresponde a necesidades de consumo, de acuerdo al estudio realizado por el World Justice Project (2018). A su vez, los tres conflictos de consumo más frecuentes corresponden a:
-Problemas de calidad del servicio con empresas prestadoras de servicios (agua, gas, electricidad, internet): 11,8%
-Problemas económicos con empresas de servicio (abusos en los precios y errores de facturación): 9%
-Problemas por compra de productos defectuosos: 6,5%. (Fuente: Subsecretaría de Acceso a la Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016)

Argentina está trabajando en un proyecto de ley que regule el funcionamiento de agencias dedicadas a la cobranza extrajudicial, estableciendo modalidades de cobro ilegítimas como los llamados telefónicos laborales o la reiteración de llamadas telefónicas a la persona deudora o el envío de cartas que ostenten la apariencia de un reclamo judicial, con el objeto de establecer un sistema de protección especial ante las situaciones de cobros extrajudiciales por agencias de recuperación crediticia, resguardando la privacidad de las personas deudoras.

El Tribunal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó la demanda de una mujer de 95 años, quien demandó al Estado Nacional y a un laboratorio privado, para que se le diera un medicamento contra la osteoporosis severa que había dejado de venderse en el país y la condenó a pagar los gastos del juicio. El tribunal estimó que no corresponde «atribuir al Estado Nacional, en este caso al Ministerio de Salud, “responsabilidad por conductas realizadas por entes distintos que no integran su estructura burocrática (ya sea centralizada o descentralizada)”, no sólo negando un medicamento a una paciente adulta mayor en situación de vulnerabilidad, sino que acrecentando dicha situación al «castigarla económicamente» a costear los gastos de un proceso contra el Estado y una empresa privada.

Según la información recabada por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia (2016), ante un conflicto relacionado con la familia las personas en Argentina optan por:
– Acudir a una oficina u organismo público: 2,8% – 29,5%
– Buscar asesoramiento profesional: 23,3% – 50%
– Pedir ayuda de familiares o amigos: 0% – 17,5%
– Intentar resolverlo por su cuenta: 12,9% – 30,3%
– No hacer nada: 6,1% – 26,7%

Tras aproximadamente 6 años desde la dictación del reglamento de la ley sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, las personas residentes en estas comunas continúan manteniendo basurales a cielo abierto, exponiendo la salud de los vecinos a los daños derivados de un ambiente contaminado. De los 111 distritos del interior, 91 todavía tienen basurales a cielo abierto.