ECONÓMICAS

Son aquellas que dificultan el acceso a la justicia por motivos monetarios; ya sea por la necesidad del pago de cuotas judiciales, el pago de honorarios de abogados o abogadas, el pago de fotocopiado y otros trámites, así como el traslado y hospedaje para concurrir a los tribunales u otras instituciones del sistema de justicia, algo que debe tenerse en cuenta en América Latina donde la tasa de pobreza se situó en el 28,2% en 2014 y la tasa de indigencia llegó al 11,8% del total de la población según cifras de CEPAL (2015).

En El Salvador se da una situación de desalojos masivos en virtud de la Ley Especial de Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, que establece un procedimiento expedito para desalojar a personas que no poseen título de propiedad, violentando en su práctica el derecho a audiencia, a defensa, la presunción de inocencia y la protección jurisdiccional de derecho a la propiedad y la posesión. Las comunidades afectadas corresponden a un muy bajo nivel socioeconómico con ingresos familiares inferiores al salario mínimo de un empleado (UDS 300), lo que no solo les imposibilita en primer término el derecho a tierra y vivienda, sino que además les constriñe sus posibilidades de acceso a justicia al no tener regularizada la tenencia y al no poder costear una representación legal, desembocando en que estas personas no accedan a asesoramiento y representación adecuada frente a

los conflictos judiciales y más aún les limita el acceso a estas audiencias que requieren movilizaciones a zonas urbanas.